Reporte Índigo señala que José Antonio Jagou García, ex socio del gobernador Reyes Baeza en su despacho de abogados y uno de sus hombres más cercanos, fue quien contactó al político con un grupo de supuestos empresarios vinculados con el Cártel de Juárez para que lo apoyaran en su campaña de 2004, cuando contendió por la gubernatura de Chihuahua.
“Entre los meses de enero y febrero de 2004, al estar seguros que José Reyes Baeza buscaría la gubernatura por parte del PRI, acordamos apoyarlo en su candidatura con la cantidad de tres millones de pesos, los cuales aportaría yo”, declaró Ramiro Chávez -nombre clave para el testigo protegido y quien estuvo dentro del círculo de los empresarios.
A cambio, le pidieron que cuando fuera gobernador, los dejara –entre otras cosas– nombrar al jefe de la policía estatal, ya que esto les facilitaría la operación de sus negocios.
El pacto se habría consumado, y una vez electo, Reyes Baeza respetó la petición de los seudoempresarios. El elegido fue Lauro Abelardo Venegas Aguirre, quien fue nombrado director de la Agencia Estatal de Investigación.
El testigo clave Ramiro Chávez, cuya identidad real se presume que es Julio Porras Chávez, es el supuesto empresario que coordinó la relación entre el Cártel de Juárez, con Vicente Carrillo Fuentes a la cabeza, y la Central de Inteligencia (CIPOL) del gobierno de Chihuahua.
Dicho operador explicó que desde 1990 conoció a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, a través del policía judicial Otoniel Tarín Chávez, uno de los incondicionales del general Arturo Acosta Chaparro, quien fue asesinado el 20 de abril pasado.
A partir de esas relaciones con ex judiciales y lugartenientes de capos, Ramiro Chávez conoció a Vicente Carrillo, a quien años más adelante le administró los nexos con el gobierno estatal en turno, el de José Reyes Baeza, a quien conoció cuando éste era presidente municipal de Chihuahua.
Chávez dijo que logró que Vicente Carrillo Fuentes le entregara 60 mil dólares mensuales para pagar la nómina de las corporaciones policiacas, fundamentalmente la de los mandos que tenían rango de comandantes.
El arreglo se concretó con la intermediación de Pablo Rodríguez, “El JL”, lugarteniente de Vicente Carrillo en Ciudad Juárez y en toda la región.
“Habiéndole puesto al Cártel de Juárez a través del ‘JL’ la condición de que el único enlace sería yo y que por ningún motivo él ni nadie del Cártel tendría contacto con ningún comandante ni elemento de la policía, lo cual tenía conocimiento el Gobernador José Reyes Baeza, Raúl Grajeda, secretario de Seguridad Pública del estado y Fernando Rodríguez Moreno, secretario de Gobierno”, precisó el testigo protegido.
Pero el pacto comenzó a fallar. El ‘JL’, lugarteniente de Carrillo Fuentes, dejó de respetar los acuerdos entre el cártel y el gobernador.
“Quería tomar el control de todo el Estado respecto a la venta de droga y derecho de piso, esto es evitar que la policía persiguiera delitos de distribución de droga al menudeo, venta de objetos robados y giros negros, a efecto de cobrar él, derecho de piso”, explicó Chávez.
La ola de crímenes se disparó en la entidad como resultado de los ajustes de cuentas entre grupos rivales.
De 2005 a 2007, el estado se bañó de sangre. Fueron abatidos sicarios, abogados, policías y presuntos hombres de negocios.
En mayo de 2006, la mafia tocó al círculo más íntimo del propio gobernador Reyes Baeza al ser acribillado el director administrativo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Juan Carlos Jagou García, hermano gemelo de José Antonio Jagou, ex socio del gobernador.
José Antonio Jagou pertenecía al nicho inicial de seudoempresarios que habrían aportado recursos para llevar a Reyes Baeza a la gubernatura de Chihuahua.
En la entidad era bien sabida –y exhibida en la prensa local– la estrecha relación que tenía el ex socio del gobernador con el empresario Julio Porras Chávez, cuyos negocios apuntaban al narcotráfico.
LA HISTORIA DEL TESTIGO PROTEGIDO
Julio Porras Chávez presuntamente es Ramiro Chávez, el testigo protegido de la PGR que ha declarado contra el ex gobernador priista.
En mayo de 2006, Julio Porras Chávez sufrió un atentado en su domicilio ubicado en San Felipe. Participaron cerca de 15 sicarios y murieron cuatro personas, entre ellas, dos policías municipales.
En su declaración, Julio Porras refirió que el 19 de mayo de 2006, al llegar a su domicilio particular a bordo de una camioneta BMW blindada y escoltado por una camioneta suburban conducida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lo rafaguearon al menos 15 hombres armados.
“Resultando herido el de la voz en el brazo izquierdo y muerto el conductor de la camioneta en la que viajaba, dos policías que me daban seguridad en mi domicilio y el velador de un negocio que se encontraba enfrente de mi casa”, precisó.
Tras este atentado, el pacto entre el gobierno estatal y el Cártel de Juárez se vino abajo.
“El gobierno de Reyes Baeza negó que yo tuviera alguna relación de trabajo con el Estado, manejándose en la opinión pública mi calidad de empresario, posteriormente se empezó a generar la versión de que me dedicaba al narcotráfico y que el atentado había sido porque quería adueñarme de la plaza, deslindándose el gobierno del estado de mi función de enlace entre éste y el Cártel de Juárez o la Línea”, dijo el hoy testigo.
El atentado lo puso bajo los reflectores, así que el gobernador Reyes Baeza terminó por desconocerlo pese a que Julio Porras ofreció sentarse a renegociar las condiciones de un nuevo pacto con Vicente Carrillo.
“En su momento le informé al licenciado José Reyes Baeza, gobernador del Estado a través de José Antonio Jagou García, que yo me entrevistaría con Vicente Carrillo Fuentes, para proponerle que relevara de enlace al ‘JL’ y pusiera en su lugar a Mayito (Mario Núñez), en virtud de que el ‘JL’ no estaba respetando los acuerdos que habíamos celebrado”, detalló el testigo.
A pesar de los intentos hechos para restablecer las negociaciones entre el Cártel de Juárez y el gobernador Reyes Baeza, este último se negó tajantemente a retomar el contacto con quien hoy es conocido como Ramiro Chávez.
Más de una vez, José Reyes Baeza negó conocer a Julio Porras Chávez y, sobre todo, tener algún vínculo o relación de trabajo con él.
Fue entonces cuando Ramiro Chávez recurrió a los medios de comunicación para enviarle un mensaje al gobernador.
Para ello utilizó al periodista Enrique Perea Quintanilla, entonces director de la revista local Dos caras, una verdad, quien lo entrevistó y publicó un artículo titulado “Miente el gobernador”, lo cual provocó el enojo de Reyes Baeza.
A través de esa entrevista, Ramiro Chávez le dijo al entonces mandatario estatal que, tarde o temprano, saldrían a la luz pública todos sus nexos con el narcotráfico y la protección que le brindaba a Vicente Carrillo Fuentes.
Dos semanas después de la publicación del artículo, Enrique Perea Quintanilla desapareció, y más tarde fue encontrado muerto en la periferia de la ciudad de Chihuahua.
El crimen causó revuelo en la entidad. El 9 de agosto de 2006, pocas horas después de que apareció el cadáver del periodista, el Gobierno del Estado se apresuró a emitir un comunicado para expresar sus condolencias e informar que el homicidio podría estar vinculado con el crimen organizado debido a las características de la ejecución.
La entonces procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, confirmó la hipótesis de que el crimen podría estar vinculado con grupos del narcotráfico.
No obstante, los periodistas locales –quienes desconocían que la revista Dos Caras era propiedad de Julio Porras Chávez y que éste tenía vínculos con el Cártel de Juárez– hicieron un reclamo a las autoridades por la falta de seguridad y el peligro que representaba escribir sobre narcotráfico, ma-fias y crimen organizado.
Muchos de ellos ignoraban que detrás del crimen de Perea y de otras tantas ejecuciones ocurridas en esas fechas, estaba el conflicto desatado por la ruptura del pacto entre el gobierno de José Reyes Baeza y el Cártel de Juárez, comandado por Vicente Carrillo.
Lo que hoy pocos se explican es por qué Marisela Morales, titular de la PGR, guardó tanto tiempo este as bajo la manga.
Hoy, cuando siguen abiertos los casos de los ex gobernadores tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, otro narcogobernador del PRI está en la mira.
Otros ex gobernadores en la mira
— Eugenio Hernández Flores
Ex gobernador de Tamaulipas investigado por la SIEDO y autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero. Sus propiedades y las de su prestanombres están bajo investigación.
— Manuel Cavazos Lerma
Fue gobernador de Tamaulipas de 1993 a 1999, cuando Tomás Yarrington era alcalde de Matamoros. Es acusado de ocultar los negocios sucios de Yarrington y es investigado por la PGR por presuntos nexos con prestanombres y negocios vinculados al crimen organizado.
— Tomás Yarrington
La DEA acusó a Yarrington de lavar millones de dólares para Los Zetas y el Cártel del Golfo durante su mandato como gobernador de Tamaulipas. También es acusado de estar implicado en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú en 2010, cuando era candidato a la gubernatura de Tamaulipas.
— Narciso Agúndez Montaño
El gobierno de Baja California Sur comenzó un proceso contra el ex gobernador Agúndez Montaño por peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad en declaración y coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios. Se le dictó auto de formal prisión el 27 de mayo.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada